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La tarde de ayer tuvo lugar en el 8º juzgado de Garantía del tribunal de justicia de Santiago de Chile la audiencia para la revisión de la prisión preventiva de lxs imputadxs Mónica Caballero, Rodolfo Retamales, Camilo Pérez, Francisco Solar y Pablo Morales.
Al terminar la audiencia, lxs acusadxs fueron devueltxs a prisión, siéndoles negado el arresto domiciliario o la libertad antes del juicio. Sus amigxs, familiares y compañerxs desplegaron cuando salían varias pancartas y leyeron un comunicado que lxs perrxs del Estado chileno no tuvieron más remedio que escuchar.
En el comunicado, se exigía que tras los 6 meses de investigación en el transcurso de los cuales el Estado no ha encontrado ni una sóla prueba que haya podido relacionar con lxs compas mientras que ellxs, han permanecido en prisión injustamente, acusadxs de más y más sandeces de las que el Estado corrupto de $$$hile no tiene más pruebas que las mentiras absurdas que escupen sus lenguas bífidas por televisión y prensa empresarial a su servicio. Ahora el Estado chileno, tras los 6 meses que fueron concedidos a la investigación y a sabiendas de que no les queda más remedio que poner a lxs compas en libertad y admitir su chanchullo, intenta la jugarreta de la reformalización, es decir, reabrir el caso con nuevas acusaciones falsas para intentar conseguir otros 6 meses de investigación en los que nuestrxs compis se pudran en la cárcel mientras el Estado y los aparatos represivos bajo sus órdenes se inventan y articulan nuevas formas de perpetuar su montaje judicial, que todo sea dicho de paso, se desmorona por completo. Declaraciones contradictorias entre lxs propixs policías, manipulación de las pruebas e introducción en el juzgado de pruebas que no habían pasado por comisaría, tergiversación de las palabras de nuestrxs compas y un sinfín de trampas que el Estado ha hecho sin darse cuenta de que se pilla antes a un/a mentirosx que a un/a cojx.
Lxs compañerxs han decidido de manera unánime el comenzar una huelga de hambre líquida indefinida para el cese de la cual exigen en cualquier caso:
- Su libertad inmediata por ser inocentes y por no haber encontrado el Estado prueba alguna contra ellxs.
- Término del montaje judicial
- Fin de la ley antiterrorista heredada de la dictadura de Pinochet y perfeccionada por la democracia
- Fin de los plazos para la "investigación" y ejecución inmediata de un juicio justo.
A continuación, os dejo los comunicados que envían los compañeros de la Cárcel de Alta Seguridad y el comunicado que envían las compañeras de la Sección Especial de Alta Seguridad del Centro Penitenciario Femenino.
Comunicado de lxs compas de la CAS:
El 14 de Agosto de 2010 el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Metropolitana Sur emana una serie de órdenes de detención y allanamientos, aplicando todo el terror policial a casas particulares y centros culturales, que arroja la detención de 14 personas en esta razia represiva y comunicacional, conocida mediáticamente como “Caso bombas”. Todxs somos acusadxs de pertenecer a una supuesta asociación ilícita terrorista creada en la irracional mente de algunxs “profesionales del derecho” y que hoy nos mantienen tras las rejas.
Aproximadamente hace cinco años se inicia la investigación del mediático “Caso bombas”. Así durante el gobierno de Bachelet, el estado destinó tres fiscales con dedicación exclusiva con el objeto de esclarecer la autoría de cada uno de los bombazos colocados a estructuras financieras, policiales, de servicio público u otras. En este tiempo se recopilaron más de 43 tomos con datos aportados por fuentes policiales, peritos criminalísticos, testigxs protegidxs, declaraciones, vigilancia a hogares, seguimientos a sospechosxs y su entorno familiar, intervenciones telefónicas y allanamientos a hogares y bibliotecas populares (todos ellos los mismos lugares en que irrumpió la policía la madrugada del 14 de Agosto de 2010).
Con todo este material ningún/a fiscal ni juez/a tomó la decisión de encarcelar a nadie. La evidencia aportada no es suficiente, es difusa y no permite identificar a lxs responsables de la colocación de bombas. Incluso el fiscal Xavier Armendáriz declara ante las ansias de resultados por parte del Ministerio del Interior de la época que “…es necesario actuar con cautela investigativa ante lo débil de las pruebas…” más aún cuando lxs “…autorxs de los bombazos no integran células violentistas propiamente tal, sino que se trata de grupúsculos sin orgánica, ni cabecillas…” (Emol 27 noviembre 2009).
Toda esta manera de actuar en derecho cambia el 14 de Junio de 2010 al ser removido de su cargo Armendáriz, producto de presiones de Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter hacia el fiscal Nacional Sabas Chahuán. Así entra en escena el fiscal Alejandro Peña, descrito por el diario La Tercera como “…una paradoja ambulante, la que resulta de la fusión en un solo ser de la burocracia judicial y policial con la fantasía de un prestidigitador”. Con esta presentación el montaje comienza.
El fiscal desarrolla una nueva estrategia sin reparar en los costos humanos que este accionar conlleve. Si antes los fiscales que le precedieron no pudieron reconocer, ni identificar orgánicas definidas, el fiscal se preocupó de inventarlas y buscar por todos los medios hacer que las piezas calzaran en su nueva “línea investigativa”. Estructurar la famosa asociación ilícita con cabecillas los cuales no se hablaban en años; ejecutorxs que ni se conocían y lo más gracioso ¡¡financistas europexs!!, como si 950 euros enviados en una ocasión a uno de lxs imputadxs fuera una gran remesa para acciones subversivas (casas de seguridad, autos, armas, documentación falsa, etc. ). Cuanta imaginación de este personaje, incluso inventaron nexos entre uno de lxs supuestxs cabecillas con el paquistaní detenido en la Embajada de Estados Unidos por supuestas trazas de TNT y posteriormente puesto en libertad a pocas semanas.
Finalmente la fantasía ayuda a la planificación de esta “novedosa estrategia”, sobre todo con la campaña mediática, informativa y comunicacional desplegada por los medios oficiales de la información que comienzan a entregar datos de lxs supuestxs sospechosxs de colocación de artefactos explosivos, lugares que frecuentan, perfiles de supuestxs líderes, etc. Los dardos apuntan a personas vinculadas a espacios sociales, canales y radios comunitarias, estudiantes que adscriben a ideas libertarias, ex presxs políticxs y todxs reconocidxs críticxs del modelo neoliberal y solidarixs con la lucha de los pueblos, en especial con la llevada a cabo por el mapuche en su anhelo por mantener su identidad, cosmovisión y territorio. No se persiguen actos sino ideas, relaciones de amistad, bibliotecas autónomas, casas okupas y espacios de cultura, arte y de encuentro comunitario.
Una vez diseñado el escenario teatral, sus protagonistas y correspondientes características físicas y psicológicas, con la opinión pública perfectamente moldeada, el golpe represivo se desata; para entonces habían transcurrido 2 meses desde que asume como director del montaje jurídico policial Alejandro Peña. Con las mismas carpetas, los mismos diálogos, lugares, actores/actrices y un remozado guión incriminatorio el espectacular operativo copa los canales televisivos la mañana del 14 de Agosto de 2010.
Luego de nuestra detención la fiscalía solicitó tres días para formalizarnos de los hechos acusatorios, situación que en la práctica debiera realizarse el mismo día de nuestro arresto. Posteriormente solicita un plazo de 180 días (6 meses) de prisión preventiva hasta el cierre de la investigación, plazo que finalizó el 14 de Febrero de 2011, día en que se nos notifica que la fiscalía nos someterá a una nueva formalización el 16 de Marzo de 2011. Todo esto enrarece aún más este juicio. Nada nos dice que Alejandro Peña solicite 6 meses más como plazo para armar su puzle policial.
En estos largos meses no sólo hemos permanecido 22 horas diarias en celdas individuales de 2x3 metros, visitas 1 vez a la semana con nuestrxs familiares durante tres horas en reducidos espacios sin luz natural, sino que también hemos vivido en carne propia la tortura de lxs funcionarixs del Estado. Como muestra de lo ocurrido, el 8 de octubre de 2010 profesionales del Servicio Médico Legal más agentes de LABOCAR, DIPOLCAR y gendarmes extrajeron violentamente muestras de ADN a cada unx de lxs imputadxs, para ser contrastadas con las muestras recogidas en los lugares de los bombazos. Esta “prueba científica” no arrojó ninguna relación entre nosotrxs y lo hallado en los lugares de los sucesos.
Por otro lado, somos testigxs de cómo las evidencias almacenadas en las carpetas investigativas sólo se afirman en conjeturas policiales basadas en amistades, lazos familiares o concurrencia a marchas públicas, actividades político culturales y tocatas; y aún así en este continuo supuesto, cabe señalar que entre todxs lxs imputadxs no nos conocíamos hasta el día de nuestra detención, por lo que es imposible que conformemos alguna supuesta “asociación terrorista”, menos aún una organización.
Cabe señalar que en ninguno de los allanamientos realizados se encontró ningún tipo de evidencia ni material para la fabricación de artefactos explosivos, tampoco existen pruebas dactilares o filmográficas que inculpen a ningunx de lxs imputadxs.
Ante los vicios y aberraciones judiciales, carpetas secretas, intervenciones telefónicas a nuestrxs abogadxs, la continua utilización de testigxs protegidxs con antecedentes psiquiátricos como Rodrigo Vera Morales y Gustavo Fuentes Aliaga y por todo lo anteriormente expuesto hemos decidido comenzar una huelga de hambre de carácter líquida desde las 00:00 horas del 21 de Febrero de 2011 exigiendo:
1.- LIBERTAD INMEDIATA
2.- TÉRMINO DEL MONTAJE JURÍDICO POLICIAL
3.- FIN A LA LEY ANTITERRORISTA HEREDADA DE LA DICTADURA Y PERFECCIONADA POR LA DEMOCRACIA
4.- FIN A LOS PLAZOS INVESTIGATIVOS Y REALIZACIÓN INMEDIATA DE UN JUICIO JUSTO.
¡¡¡NO MÁS MONTAJES MEDIÁTICOS, JURÍDICOS Y POLICIALES!!!
¡¡¡LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS POLÍTICXS CHILENXS Y MAPUCHES!!!
Comunicado escrito por las compañeras de la Sección Especial de Alta Seguridad del Centro Penitenciario Femenino.
